La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina emitió un duro comunicado en rechazo a la decisión judicial que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al exsacerdote Renato Rasgido, condenado a 15 años de prisión por delitos de abuso.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación, a cargo del juez Eugenio Joaquín Acs Acuña, y establece que el condenado cumpla la medida en una sede eclesiástica, situación que generó una fuerte reacción por parte de organizaciones y sectores de la comunidad.
Bajo el título “Alerta Catamarca”, la Red responsabilizó directamente al funcionario judicial por lo que calificaron como una “peligrosa decisión”, al considerar que el lugar dispuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria registra concurrencia diaria de niños, niñas y adolescentes.
“Exigimos inmediata intervención para revertir el daño que están provocando”, expresaron desde la organización, al tiempo que manifestaron no tener dudas de que la medida habría contado con el aval de la Iglesia.
En el mismo comunicado, la Red planteó además un cuestionamiento de fondo al vínculo entre las instituciones religiosas y el Estado. “Sólo la separación de Iglesia-Estado preservará a la sociedad de estos atropellos”, señalaron.
La decisión judicial ya había generado preocupación en la comunidad educativa y en familias de establecimientos cercanos, quienes advirtieron sobre los riesgos de alojar a una persona condenada por delitos de abuso en un entorno con circulación permanente de menores.
El caso reabre el debate sobre los criterios utilizados por la justicia al momento de otorgar beneficios a personas condenadas por delitos graves, especialmente cuando las medidas adoptadas impactan de manera directa en la seguridad de la sociedad.
