La resolución del juez Eugenio Acs Acuña no solo genera preocupación: genera indignación.
Enviar a Renato Rasgido, condenado a 15 años de prisión por abusos, a la casa parroquial Santa Rosa de Lima no es una decisión menor ni técnica. Es una decisión profundamente social, que impacta de lleno en una comunidad donde todos los días circulan niños, niñas y adolescentes.
Padres y madres de instituciones como el Colegio Cristo Rey, Santa Rosa de Lima y Enrique Hood no reaccionaron por capricho. Reaccionaron por miedo. Por lógica. Por instinto de protección.
El argumento judicial resulta, cuanto menos, difícil de sostener. Se plantea que el Servicio Penitenciario no cuenta con condiciones adecuadas para alojar al condenado debido a problemas de salud. Ahora bien, surge una pregunta inevitable: ¿desde cuándo una casa parroquial se convierte en un espacio sanitario apto para un interno? ¿Desde cuándo pasa a ser una especie de “resort VIP” para alguien condenado por delitos aberrantes?
Más aún: si Rasgido fue intervenido en un centro de salud privado, ¿por qué no se ordenó su permanencia bajo custodia en ese mismo ámbito médico? ¿Por qué trasladarlo a un entorno comunitario sensible, rodeado de instituciones educativas?
La explicación de que en 72 horas se le buscaría un nuevo destino tampoco alcanza. Porque en esas 72 horas hay una comunidad entera expuesta, intranquila, y sintiendo que la justicia no está de su lado.
Este tipo de decisiones profundizan una grieta cada vez más evidente: la distancia entre la justicia y la sociedad. Una justicia que, en lugar de proteger, parece flexibilizar. Que, en lugar de dar certezas, genera desconfianza.
El mensaje que baja desde la comunidad es claro: no quieren convivir con un condenado por abuso. No quieren explicaciones técnicas. Quieren garantías reales.
Porque si la cárcel no está en condiciones, la solución no puede ser trasladar el problema a la sociedad.
La justicia tiene una función esencial: cuidar. Y cuando falla en eso, todo el sistema entra en crisis.
Hoy, la pregunta no es solo qué va a pasar con Rasgido. La pregunta es mucho más profunda: ¿a quién está protegiendo realmente la justicia?
