La amenaza de muerte contra el director de San Fernando Digital, Pablo García, no es un hecho aislado. Es, en realidad, un síntoma alarmante de un clima cada vez más hostil hacia el periodismo, donde informar deja de ser un derecho para convertirse en un riesgo.
“Voy a ir el lunes, con los muchachos y te voy a meter plomo entre los ojos”. La frase no admite interpretaciones. No hay metáfora, no hay enojo pasajero: hay violencia directa, hay intención de amedrentar, hay un intento claro de disciplinar a quien investiga y publica. Y lo más grave es que detrás de esa amenaza hay algo más profundo: la pretensión de imponer el silencio.
Porque no se trata solo de una persona. No es únicamente Pablo García el amenazado. Es el periodismo como institución el que está bajo ataque. Es el derecho de la sociedad a estar informada el que se intenta vulnerar. Es el principio básico de toda democracia —la libertad de expresión— el que queda expuesto.
Lo preocupante no es solo el hecho en sí, sino el contexto que lo permite. Cuando un periodista es amenazado por no revelar sus fuentes, estamos frente a una lógica mafiosa que desconoce las reglas elementales del oficio. El secreto de fuente no es un capricho: es una garantía constitucional, una herramienta indispensable para que la verdad salga a la luz. Pretender quebrarlo mediante amenazas es, lisa y llanamente, un acto de violencia institucional encubierta.
Pero hay algo aún más inquietante: el silencio. El silencio de algunos sectores que deberían ser los primeros en levantar la voz. El silencio de ciertos medios que eligen mirar para otro lado, como si la gravedad del hecho dependiera de quién es la víctima. Esa selectividad no solo es mezquina, es peligrosa. Porque cuando se naturaliza una amenaza, cuando se la minimiza o se la ignora, se está allanando el camino para la próxima.
Hoy fue Pablo García. Mañana puede ser cualquiera.
El periodismo no puede ejercerse bajo presión, bajo miedo ni bajo amenaza. No puede haber democracia plena si quienes informan deben mirar por encima del hombro antes de publicar. Y no puede haber sociedad libre si el mensaje que se instala es que investigar tiene consecuencias personales.
La respuesta, entonces, no puede ser tibia. No alcanza con gestos aislados ni con solidaridades a medias. Hace falta una reacción firme, colectiva y sin especulaciones. Porque cada amenaza que no se condena con claridad, cada ataque que se relativiza, es un paso más hacia la censura de hecho.
Defender al periodismo amenazado no es un acto de compañerismo: es una obligación democrática.
Y hoy, más que nunca, el periodismo debe poder trabajar libremente. Sin miedo. Sin condicionamientos. Sin amenazas.
