El diputado provincial Javier Galán volvió a colocarse en el centro de la escena política y judicial tras difundir un mensaje en sus redes sociales en el que alude a una reciente resolución de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, en el marco de la causa por abuso en la que fue denunciado.
Según expresó el legislador, la fiscalía a cargo de Alejandra Antonino resolvió “rechazar por improcedente” el pedido de constitución como querellante particular presentado por la abogada Silvia Barrientos. Para Galán, esta decisión “confirma” su postura sostenida desde el inicio del proceso.
“Esto confirma lo que vengo diciendo desde el primer momento: muchas de las versiones que se instalaron no se ajustan a la realidad del proceso”, afirmó el diputado en su publicación, en la que además sostuvo que “la verdad empieza a salir a la luz” y que “con el paso del tiempo, las mentiras se van cayendo”.
El pronunciamiento no es menor en términos políticos. Se produce en un contexto de alta sensibilidad pública en torno a causas de violencia de género, donde cada movimiento judicial suele tener un fuerte impacto en la opinión pública y en la credibilidad de los actores involucrados. En ese marco, la estrategia discursiva del legislador apunta a instalar una narrativa de reivindicación personal, apoyándose en un tecnicismo procesal que, si bien tiene implicancias jurídicas, no implica necesariamente un pronunciamiento de fondo sobre los hechos denunciados.
Fuentes del ámbito judicial advierten que el rechazo a la figura de querellante particular responde a criterios de admisibilidad formal y no constituye, en sí mismo, una resolución sobre la veracidad o falsedad de la denuncia. Este matiz, clave en términos legales, suele diluirse en el terreno político y mediático, donde los tiempos y las interpretaciones operan bajo otras lógicas.
En su mensaje, Galán también remarcó que continuará “a disposición de la Justicia”, buscando proyectar una imagen de colaboración con el proceso. Sin embargo, el caso sigue abierto y bajo análisis, por lo que cualquier intento de instalar conclusiones definitivas aparece, cuanto menos, prematuro.
La publicación del diputado reaviva el debate sobre el uso político de las resoluciones judiciales parciales y la responsabilidad de los funcionarios públicos al comunicar avances en causas sensibles. En una provincia donde la confianza en las instituciones atraviesa tensiones recurrentes, el desarrollo de este expediente continuará siendo observado con atención tanto por el ámbito político como por la sociedad.
