El reciente rechazo por parte de la Corte de Justicia de Catamarca a los amparos presentados por legisladores de la oposición y por el SOEM representa, una vez más, la preocupante subordinación del Poder Judicial local a los intereses del Ejecutivo provincial.
Esta decisión no sólo deja en evidencia una alarmante falta de independencia judicial, sino que también golpea directamente a miles de trabajadores catamarqueños, cuyas voces y derechos han sido ignorados.
En primer lugar, el fallo que desestima los amparos contra los aumentos de la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP) y de la designación del Defensor del Pueblo, es un claro revés para los empleados y la sociedad. Estos aumentos, aplicados sin transparencia ni consenso, impactan de lleno en bolsillos ya ajustados, mientras la dirigencia política y sindical actúa de espaldas a quienes dicen representar. La negativa judicial a revisar la legalidad y legitimidad de estas subas no hace más que consolidar un modelo que castiga a los trabajadores y blinda a los poderosos.
Peor aún es el panorama institucional cuando analizamos el amparo contra la designación del nuevo Defensor del Pueblo, una figura que, irónicamente, debería ser garante de los derechos ciudadanos frente al abuso del Estado. La designación de Dalmacio Mera, viciada por irregularidades y manejos oscuros, ha sido igualmente blindada por una Corte que no solo se desentiende de la transparencia institucional, sino que pareciera actuar como un brazo jurídico del gobierno de turno. Los vínculos políticos de algunos jueces con la administración provincial no son ningún secreto, y este tipo de fallos sólo refuerzan esa percepción generalizada de dependencia y connivencia.
«La Justicia tiene como mandato ser el último resguardo del ciudadano frente al atropello del poder, no su cómplice».
Lo que está en juego aquí no es una simple disputa entre oficialismo y oposición, sino el propio equilibrio social de la provincia. La Justicia tiene como mandato ser el último resguardo del ciudadano frente al atropello del poder, no su cómplice. Cuando los jueces fallan sistemáticamente a favor del gobierno y en contra de los derechos colectivos, el sistema democrático se debilita y crece la desconfianza social.
Catamarca necesita una Justicia independiente, que mire más a la ciudadanía y menos a los pasillos del poder. Porque cuando la balanza se inclina siempre para el mismo lado, ya no hablamos de justicia: hablamos de impunidad.
