Hablar de libertad de prensa en Catamarca empieza a sonar, cada vez más, a una declaración vacía. A un concepto que figura en los manuales, en la Constitución, en los discursos oficiales, pero que en la práctica se diluye frente a una realidad incómoda: hacer periodismo en serio tiene consecuencias.
No se trata de una exageración ni de una construcción discursiva. En Catamarca, los aprietes a periodistas y medios de comunicación son moneda corriente. Funcionarios —o quienes orbitan alrededor del poder— envían mensajes, realizan llamados, presionan, intimidan. No buscan debatir ni desmentir: buscan disciplinar.
El caso no es aislado. No es nuevo. Y, lo más grave, no genera escándalo.
San Fernando Digital lo sabe bien. Cada vez que se publica una investigación o una nota vinculada al Servicio Penitenciario Provincial, las amenazas aparecen. No fallan. Es casi un reflejo automático del sistema: se informa, se expone, se incomoda… y llega la respuesta. No institucional, no judicial. Una respuesta en clave de intimidación.
Y en ese contexto surge una pregunta que incomoda aún más: si en Catamarca asesinaron a un ministro en funciones y eso no generó un punto de inflexión real en la política ni en la Justicia, ¿qué queda para un periodista?
La respuesta, por brutal que parezca, es evidente.
Cuando el poder político y judicial no logra —o no quiere— garantizar verdad, transparencia y justicia en un hecho de esa magnitud, el mensaje que se transmite es peligroso: hay vidas que parecen valer menos cuando molestan.
Y entonces el periodismo entra en zona de riesgo.
No ayuda, por supuesto, la actuación de ciertos actores judiciales. Fiscales que responden más a estructuras de poder que a la búsqueda de la verdad. Declaraciones apresuradas en medios alineados —los llamados “hegemónicos”— instalando versiones convenientes como “muerte natural”, antes incluso de que la sociedad pueda comprender qué ocurrió realmente.
La pregunta es inevitable: ¿la ley funciona para todos o solo para quienes detentan el poder?
Porque si las amenazas alcanzaran a ciertos medios tradicionales, probablemente la reacción institucional sería inmediata. Habría comunicados, condenas, pedidos de investigación. Pero cuando el blanco es un medio independiente, incómodo, que no negocia su línea editorial, el silencio es ensordecedor.
Ese silencio también es una forma de complicidad.
Y mientras tanto, en paralelo, existe otro fenómeno igual de preocupante: medios que eligen no publicar. Notas que se cajonean. Investigaciones que no ven la luz. ¿El motivo? En muchos casos, el más simple y el más antiguo: dinero. Publicidad oficial. Pauta. Dependencia económica que condiciona la agenda.
Así, el ecosistema informativo se distorsiona. Lo que debería ser un sistema de control al poder, termina funcionando —en algunos casos— como un engranaje más del mismo poder.
Entonces, ¿de qué democracia hablamos?
Una democracia donde la prensa tiene miedo, donde los periodistas son amenazados y donde la clase política mira para otro lado, es, en el mejor de los casos, una democracia incompleta. En el peor, una ficción.
Porque la libertad de prensa no se declama: se garantiza. Y se garantiza con hechos, con instituciones que funcionen, con Justicia independiente y con una dirigencia que entienda que el periodismo crítico no es un enemigo, sino una condición necesaria para cualquier sistema democrático sano.
Hoy, en Catamarca, hacer periodismo real implica exponerse. Implica incomodar. Implica resistir.
Y, lamentablemente, también implica tener coraje.
Demasiado coraje para un derecho que debería ser básico.
Mientras tanto, la sensación persiste: en esta provincia, muchas veces, estamos a la buena de Dios.
