La reciente designación de Nicolás Rosales Matienzo como nuevo Fiscal de Estado no sorprende. En realidad, confirma una lógica que en Catamarca dejó de ser excepción para convertirse en regla: el reciclaje permanente de funcionarios dentro de una estructura política que premia la permanencia antes que la idoneidad.
Rosales Matienzo no llega desde afuera del sistema ni desde una trayectoria destacada que lo respalde con resultados concretos. Llega, más bien, desde un derrotero de cargos que parecen responder a una lógica de ocupación antes que de gestión. Pasó por el Ministerio de Educación sin pena ni gloria, en un rol que difícilmente pueda ser recordado por alguna transformación significativa. Antes, había ocupado el Ministerio de Gobierno, del que se retiró oportunamente antes de que estallara uno de los episodios más incómodos para la administración provincial: la filtración del gasto en pauta oficial a nivel nacional.
Ese episodio no fue menor. Expuso no solo el volumen de recursos destinados a construir silencio mediático fuera de la provincia, sino también la llamativa ausencia de cobertura en medios nacionales sobre casos sensibles que golpearon a Catamarca, como el crimen de Juan Carlos Rojas, las estafas vinculadas a Bacchiani o los negocios que orbitan alrededor del poder político. El silencio, en política, rara vez es casual.
Pero la lista de cargos de Rosales Matienzo no termina ahí. También pasó por la Asesoría Legal, otro escritorio más en una carrera que parece construida sobre la lógica del traslado permanente. Cambian los sillones, pero no las preguntas: ¿cuáles fueron los resultados de cada gestión? ¿Qué indicadores de desempeño avalan estos nombramientos? ¿Qué méritos concretos justifican semejante nivel de responsabilidad institucional?
La respuesta, incómoda pero evidente, es que en Catamarca el mérito parece ser un factor secundario. Lo que prevalece es la pertenencia, la cercanía, la funcionalidad política. Es la expresión más acabada de eso que, en otros discursos, se critica como «casta política», pero que en la práctica local se ejerce con absoluta naturalidad.
El problema no es solo ético o simbólico. Es profundamente institucional. Porque cuando los cargos públicos se convierten en espacios de rotación interna, sin evaluación ni rendición de cuentas, el Estado pierde capacidad de respuesta. Y cuando ningún funcionario puede exhibir logros concretos, la gestión pública se transforma en una estructura inercial, sostenida por nombres propios y no por resultados.
En Catamarca, además, esta lógica se profundiza con un dato que la sociedad percibe con claridad: los apellidos se repiten. Determinadas familias concentran espacios de poder, se alternan funciones y administran recursos como si se tratara de una extensión de su propio círculo. No es una percepción aislada; es una construcción sostenida en el tiempo que erosiona la confianza pública.
La designación del nuevo Fiscal de Estado debería abrir un debate más profundo que el de un nombre propio. Debería interpelar el modo en que se construye el poder en la provincia, los criterios de selección de funcionarios y la ausencia de mecanismos reales de evaluación. Porque el problema no es solo quién llega, sino cómo llega.
Y mientras esa discusión siga postergada, Catamarca continuará atrapada en un esquema donde los cargos cambian de manos, pero el sistema permanece intacto. Un sistema donde la política se mira a sí misma, se reproduce y se protege, mientras la sociedad sigue esperando algo tan básico como gestión, transparencia y resultados.
