En Catamarca hay una constante que se repite con una precisión casi quirúrgica: la política premia la ineficiencia. No es una anomalía, es un patrón. Y en ese patrón encajan con comodidad dos nombres que pasaron por la cartera educativa sin dejar huella de gestión real: Dalmacio Mera y Nicolás Rosales Matienzo. Hoy, reciclados en cargos de alta responsabilidad institucional —Defensor del Pueblo y Fiscal de Estado—, continúan orbitando el poder como si sus antecedentes fueran credenciales y no advertencias.
Lo más preocupante no es solo lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Tuvieron tiempo, recursos y contexto político favorable para planificar políticas educativas con una mínima visión estratégica. Incluso en algo tan elemental y simbólicamente potente como un año mundialista. No se trata de banalizar la educación frente al fútbol, sino de comprender que la escuela también es un espacio de construcción social, de pertenencia, de experiencias compartidas. Integrar un evento de esa magnitud en el ámbito escolar no implicaba resignar contenidos, sino articularlos.
El debate existió, es cierto. Algunos defendieron la continuidad pedagógica estricta, otros plantearon el valor del encuentro colectivo. Pero esa discusión quedó en abstracto porque la realidad material de las escuelas la volvió irrelevante: no hay conectividad, no hay televisores, no hay proyectores, no hay infraestructura básica para pensar siquiera en esa posibilidad. La discusión pedagógica fue superada por la precariedad estructural.
Y ahí es donde la responsabilidad política se vuelve ineludible. Porque no estamos hablando de una provincia sin recursos. Catamarca se autopercibe —y se promociona— como una provincia minera que invierte en desarrollo. Sin embargo, cuando se baja al territorio, la educación pública expone una contradicción obscena: escuelas sin condiciones mínimas mientras el aparato estatal se expande en cargos, asesores y estructuras sobredimensionadas.
Mera y Rosales Matienzo no son excepciones: son exponentes de una lógica de gestión donde el paso por un ministerio no exige resultados, sino lealtades. Funcionarios que transitan cargos sin rendición de cuentas, sin auditorías de impacto, sin evaluaciones públicas. Se van sin balances y reaparecen en otras funciones como si nada hubiera pasado. La impunidad administrativa se naturaliza.
El problema no es solo retrospectivo, es sistémico. Mientras no exista un mecanismo institucional que obligue a los funcionarios a rendir cuentas antes de abandonar sus cargos, la política seguirá siendo un circuito cerrado donde el fracaso no tiene costo. Y en ese esquema, la educación siempre pierde.
Porque lo que hoy se evidencia —escuelas sin conectividad, sin equipamiento, sin planificación— no es un accidente. Es el resultado directo de gestiones que eligieron no priorizar lo esencial. Que confundieron administración con gestión y presencia con política pública.
Catamarca necesita discutir en serio la idoneidad de quienes ocupan cargos clave. No alcanza con rotar nombres dentro del mismo sistema. Es imprescindible exponer trayectorias, medir resultados y, sobre todo, asumir responsabilidades. De lo contrario, seguiremos asistiendo al mismo espectáculo: funcionarios que pasan sin dejar nada y que, aun así, siempre encuentran un nuevo lugar donde quedarse.
La educación no puede seguir siendo la escenografía de ese simulacro.
