La causa por el escandaloso fraude a la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP), iniciada hace más de una década, parece encaminarse a un desenlace inesperado y polémico. Ocho profesionales de la salud imputados por presentar órdenes médicas falsas y cobrar por consultas inexistentes ahora buscan eludir el juicio oral proponiendo una probation, es decir, la suspensión del proceso penal a cambio de pagar $15.300.000 y realizar trabajo comunitario en centros de salud públicos.
El planteo, que ya genera incomodidad en varios sectores, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede una reparación económica compensar el daño a una obra social estatal y eximir de juicio a quienes están acusados de defraudarla sistemáticamente?
La investigación, que comenzó en 2013, reveló un esquema fraudulento de facturación donde una misma orden médica llegó a utilizarse hasta 49 veces en un solo mes. Las órdenes eran validadas por el Círculo Médico, luego cargadas en el sistema y abonadas por OSEP, sin que los supuestos pacientes jamás recibieran atención.
Los delitos imputados —fraude en perjuicio de la administración pública y uso de instrumento privado adulterado— prevén penas de hasta seis años de prisión, aunque la falta de antecedentes penales permitiría a los acusados esquivar una condena efectiva.
«El acuerdo: ¿una salida conveniente o un mensaje peligroso?»
La propuesta de los médicos incluye una compensación económica actualizada y la prestación de servicios profesionales en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Una “reparación” que —según algunos sectores judiciales— permitiría evitar un juicio largo y costoso para el Estado, y a la vez recuperar parte de lo perdido.
Pero el trasfondo ético y político del caso genera preocupación. ¿Se está validando la idea de que, si el delito no dejó manchas en el prontuario y el imputado puede pagar, entonces no hay consecuencias reales? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad, especialmente en un contexto donde el sistema de salud enfrenta serios cuestionamientos por falta de recursos?
Llama la atención que, pese a haber sido perjudicada por la maniobra, la OSEP no actúe como querellante en la causa. Tampoco se han esclarecido las responsabilidades institucionales del Círculo Médico ni de la propia obra social, que permitieron la ejecución de estas prácticas fraudulentas durante años sin control efectivo.
El Tribunal encargado de decidir si concede la probation está compuesto por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo, mientras que el fiscal de Cámara Augusto Barros, y posiblemente el fiscal de Estado Marcos Denett, representarán al Ministerio Público.
El fallo que emita el Tribunal no solo resolverá el destino de ocho imputados, sino que sentará un precedente crucial: o bien se refuerza el principio de igualdad ante la ley, o se instala la idea de que el delito contra lo público se puede saldar con dinero y tareas comunitarias.
En un país donde la confianza en las instituciones se erosiona a diario, este caso será una prueba de fuego para la credibilidad de la justicia y la integridad del sistema de salud estatal.
