Hay momentos en los que el periodismo deja de ser un servicio público para convertirse en otra cosa: un dispositivo de presión, una herramienta de disciplinamiento o, en el peor de los casos, un actor que suplanta funciones que no le corresponden. La reciente editorial de un director de un medio hegemónico de Catamarca sobre el caso del diputado Javier Galán es un ejemplo alarmante de esa deriva.
No se trata aquí de defender a Galán ni de eximirlo de dar explicaciones. Todo funcionario público debe rendir cuentas, y la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es montar un tribunal mediático con formato de interrogatorio direccionado, donde un periodista pretende imponer un pliego de preguntas como si estuviera instruyendo una causa judicial. Ese método —conocido en la jerga como “operación periodística”— no busca esclarecer, sino condicionar.
El problema de fondo es institucional. Cuando un medio intenta reemplazar a la Justicia, no fortalece la democracia: la erosiona. La investigación de posibles delitos corresponde a fiscales y jueces, bajo reglas claras, con garantías y debido proceso. El periodismo, en todo caso, debe aportar información, contextualizar y controlar al poder, no arrogarse facultades que no tiene ni debe tener.
Pero si esa extralimitación ya es grave, lo que resulta directamente inaceptable es el contenido más profundo de esa editorial: la relativización —o peor aún, la negación— de hechos que marcaron a fuego la historia reciente de Catamarca. Sostener, explícita o implícitamente, que el Caso Rojas y el caso de María Soledad Morales “no importan” es mucho más que una opinión desafortunada. Es un gesto de desprecio hacia la memoria colectiva, hacia las víctimas y hacia una sociedad que encontró en esos episodios uno de sus momentos más dolorosos, pero también uno de sus mayores despertares cívicos.
El caso de María Soledad no es un dato accesorio en la historia provincial. Es un símbolo. Representa la lucha contra la impunidad, el rol de la ciudadanía organizada. Negar su relevancia equivale a borrar una parte esencial de la identidad política y social de Catamarca.
Lo mismo ocurre con la causa de Juan Carlos Rojas, quien era ministro en funciones en democracia, fue torturado y asesinado, hecho que sacudió a la opinión pública. Han pasado 3 años y medio, y la justicia no tiene idea quien lo mató o parece que no quiere saber.
Pero lo que realmente debería interpelar al director de este medio hegemónico es, por ejemplo: ¿por qué no se profundizó la investigación del caso de María Soledad Morales? ¿Y por qué fue asesinado Rojas, y quiénes estuvieron detrás de ese crimen?
El periodismo tiene poder. Y precisamente por eso tiene límites. Cuando un director de un medio hegemónico utiliza su plataforma para operar, presionar y reescribir la importancia de hechos históricos, deja de informar para intervenir. Y cuando eso ocurre, ya no estamos frente a una editorial: estamos frente a un acto de poder.
En tiempos donde la credibilidad de los medios está en discusión, este tipo de prácticas no hacen más que profundizar la desconfianza. La sociedad no necesita periodistas que jueguen a ser jueces ni editores que decidan qué tragedias merecen ser recordadas y cuáles no. Necesita rigor, memoria y, sobre todo, responsabilidad.
